Aunque la Justicia Nacional en lo Criminal declaró la actividad como lícita, en la Ciudad sigue siendo ilegal y desde el Gobierno porteño se alinean detrás de esa idea.

Desde Uber registran en promedio dos ataques diarios. Pero mientras en la calle -sin reglas y pocas sanciones-, el conflicto crece, es en la Justicia donde se dirime la legalidad de la empresa.

Aunque la Justicia Nacional en lo Criminal declaró la actividad como lícita, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña confirmó que Uber“no puede operar”. Y desde el Gobierno porteño se alinean detrás de esa idea.

Sólo en el primer trimestre de 2018, el Gobierno detectó 700 autos trabajando para la aplicación, sobre un total de 9000 controles. Hoy, se remiten seis Uber por día y 189 al mes.

“Hace dos años que luchamos en contra de una empresa que precariza a los trabajadores, evade impuestos y fuga sus ganancias. Esto empezó en Buenos Aires pero hoy se extiende a todo el país”, dijo José Ibarra, Secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis. Desde su gremio se impulsa un proyecto de ley nacional contra la competencia ilegal. “Se nos pide a los argentinos que nos ajustemos -agrega- pero, al mismo tiempo, una empresa que no aporta a la seguridad social ni a la AFIP sigue ofreciendo viajes truchos. No entiendo”.

Ibarra le entregó el mes pasado un petitorio a Emilio Monzó, Presidente de la Cámara de Diputados, para interiorizar a los diputados sobre el proyecto que en breve llevarán a la Cámara Baja. “Estos delincuentes, porque no son otra cosa, nos han quitado el 30% de nuestro trabajo. Fuimos a la Justicia Contravencional, y recibimos el apoyo del fiscal Martín Lapadú, a quien le reconozco su trabajo, pero todas las acciones llevadas a cabo, como el procesamiento de los directivos y el bloqueo a las plataformas de pago de Uber, no ha sido suficiente”, relató.

Y con respecto a los hechos de violencia contra los choferes de la aplicación, el titular del Sindicato de Conductores de Taxis asegura: “Nunca empleamos la violencia y somos respetuosos de la ley. Apelamos al Ministro Triaca y al Presidente Macri para que nos acompañen en esta lucha: en un momento en que el déficit fiscal es materia de debate diario y en el que se nos pide a los argentinos que nos ajustemos, no entiendo cómo una empresa que no aporta a la seguridad social ni a la AFIP pueda seguir ofreciendo viajes truchos. Ellos están en contra de los intereses de la patria”.