Un informe de la Auditoría de la Ciudad detectó irregularidades en dos informes sobre concesiones.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó irregularidades en dos informes sobre concesiones del Gobierno porteño en los que se generó un perjuicio económico y legal para la Ciudad.

La AGCBA, organismo de control sobre las políticas implementadas en la CABA, aprobó dos informes acerca de las concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se auditó al Ministerio de Desarrollo Económico -más precisamente a la Dirección General de Concesiones, encargada de otorgar y controlar más de 600 predios concesionados a terceros.

El primero de ellos analiza 74 predios y el proceso de concesiones ocurrido durante el año 2013, los cuales abarcaban desde terrenos ya existentes hasta los que iban a crearse. En el segundo informe, se analizaron las concesiones de 23 predios desde su origen hasta el año 2016.

Del total observado se destacan: Control de Estacionamiento Indebido en Micro y Macro Centro (Grúas), Punta Carrasco (Distrito Joven), Pizza Banana (Distrito Joven), Pacha Buenos Aires S.A. (Distrito Joven), Bajo autopista 1-111 – Canal 13, Bajo autopista 9-907 – Multicanal, Buenos Aires Design y el Centro Metropolitano de Diseño.

En ambos informes, se pudieron observar irregularidades y falencias que han significado un perjuicio económico para la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, se evidenció la renovación de las concesiones de los predios a través del otorgamiento de permisos de usos precarios, sin intervención de la Legislatura. Este mecanismo incumple tanto la Constitución porteña como la Ley de Compras y Contrataciones, que establece el llamado a licitación pública. De este modo se impidió la presentación de nuevos oferentes para los predios a concesionar y, a su vez, se evitó que se fijen nuevos montos de canon de manera transparente con la intervención del Banco Ciudad. Un claro ejemplo de estas irregularidades fueron las concesiones de “Estacionamiento Indebido en Micro y Macro Centro”.

En segundo lugar, se identificaron procesos arbitrarios de renovación de cánones sin ninguna justificación de los nuevos montos. Además, las concesionarias no pagaron en tiempo y forma e incumplieron con el contrato por falta de pago de impuesto de sellos, ABL e ingresos brutos. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad y la Dirección General de Concesiones decidieron no intimar a las concesionarias a regularizar su condición, sino que en su lugar les renovaron las concesiones. En relación a la renovación de cánones, un claro ejemplo es el de las grúas donde el mismo equivale solamente al 1.26%, 1.78% y 1,04% de lo recaudado por acarreo y estacionamiento medido -para los años 2014, 2015 y 2016- por las empresas concesionarias. Estas concesionarias tienen el contrato vencido desde el año 2001 y el Gobierno de la Ciudad se lo renueva hasta el día de hoy por medio de permisos precarios. Por último, se detectaron en algunas concesiones transferencias a terceros del usufructo, incumpliendo con la prohibición estipulada en el contrato.

Respecto a las habilitaciones, al intentar verificar el estado de las mismas, se comprobó que no existían ni estaba iniciado el trámite, como es el ejemplo de Punta Carrasco, Bajo Autopista 1-111 – Canal 13, Bajo Autopista 9-907 – Multicanal.

Mariana Gagliardi. Auditora General

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires pudo concluir que las concesiones realizadas entre el 2013 y el 2016 generaron un perjuicio en términos económicos y legales para la Ciudad. Se le renovaron concesiones a empresas que tenían deudas impositivas con el GCBA, que incumplían con la Constitución de la Ciudad y con la Ley de Compras y Contrataciones y que ni siquiera estaban habilitadas para desarrollar la actividad que realizaban en esos predios.