Hay dos proyectos de ley y se buscan consensos. Expusieron profesionales de la salud, familiares de pacientes usuarios y cultivadores.

La Comisión de Salud de la Legislatura porteña, que preside Patricia Vischi (UCR), inició un debate entre diputados, médicos y organizaciones de la sociedad interesados en el uso terapéutico de los derivados de la hierba cannabis sativa.

Al respecto, existen con estado parlamentario dos proyectos de leyes de los legisladores Leandro Halperín (UCR) y María Rosa Muiños (Frente de Todos), aunque todos los diputados de diferentes bloques expresaron la intención de acordar “de forma transversal” un texto común que surja del consenso con diversos actores de la sociedad y del ámbito científico.

Vischi señaló que lo que está en tratamiento relativo al cannabis es “su aplicación terapéutica para casos donde ha sido aprobado su uso”. Indicó que se busca “darle visibilidad al tema y para eso es importante escuchar, impulsar investigaciones y conocer experiencias”, con el propósito de “acordar la mejor ley posible entre todos”.

Halperín defendió su proyecto para “la protección del derecho a la salud”, comentó que está en contacto con las asociaciones de cultivadores y las familias que “necesitan con fines terapéuticos” el uso de la marihuana y anticipó que su bancada está predispuesta a hacer “acuerdos transversales amplios”.

Ana María Bou Pérez (Vamos Juntos), ex ministra de Salud y legisladora, habló de “lograr una ley que cubra todas las necesidades de las personas y de las patologías que requieran la utilización del aceite de cannabis”, pero también resaltó que “el Estado tiene la obligación de establecer un sistema de trazabilidad para garantizar las características óptimas de la medicación”. Hizo hincapié en que es menester capacitar y formar profesionales de la salud en la aplicación y el seguimiento del uso de este remedio alternativo.

Claudia Neira (FdT) dijo que “este es un debate trascendental”, mencionó que “hay un compromiso entre las distintas fuerzas políticas, un debate para profundizar con los distintos actores de la sociedad y un compromiso también a nivel nacional”.

Entre otros, conferenciaron ante la comisión de Salud (reunida de forma virtual y pocos presenciales) los profesionales sanitarios Carlos Magdalena, neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez; Adrián Guindin, pediatra del Htal. Durand y profesor universitario de bioética; Carlos Damin, experto y catedrático en toxicología de la UBA y el Htal. Durand; Guido Ravale, psicólogo y funcionario del Ministerio de Salud capitalino; representantes de una asociación de cultivadores, de “madres cultivadoras” agrupadas que usan el cannabis o sus derivados para las dolencias de sus hijos y otros portavoces de colectivos sociales.

Tomaron parte de la reunión, además de los ya mencionados, los siguientes diputados de la Ciudad: Paola Michielotto, Gimena Villafruela, Sol Méndez, Facundo Del Gaiso y Guillermo González Heredia (VJ); María Rosa Muiños, Victoria Montenegro, Laura Velasco, Juan Valdés y Javier Andrade (FdT); Inés Gorbea y Diego Weck (UCR).

En comisión continuó el trabajo de diputados, asesores y funcionarios para readecuar el Código Urbanístico.

Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajaron en comisiones, donde se analizan y discuten los proyectos que, luego de ser dictaminados, pasan a su debate y votación en sesión ordinaria.

Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos) continuó con el extenso y meticuloso debate del proyecto destinado a reconsiderar detalles del Código Urbanístico sancionado a fines de 2018 y promulgado como ley de la Ciudad 6.099.

Como se viene aclarando desde el comienzo de su discusión, el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo impulsa modificaciones a propuesta o solicitud de los profesionales, funcionarios y vecinos que, al aplicar las normativas del flamante Código Urbanístico, se encontraron con dudas, algún vacío normativo o contradicción, la necesidad de pedir aclaraciones o algún término erróneo.

Por eso, en consonancia con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos, la Jefatura de Gobierno de la CABA elaboró el proyecto de ley modificatoria, que ya fue intensamente analizado en comisión, por asesores, especialistas y legisladores, obtuvo una aprobación en primera lectura y fue sometido a Audiencia Pública durante dos jornadas, con las exposiciones de los funcionarios oficiales y la participación de más de 200 inscriptos.

El pasado martes, volvió a reunirse la Comisión de Planeamiento Urbano con funcionarios del área respectiva del Ejecutivo, para repasar las inquietudes, críticas y ponencias de la Audiencia Pública, convertidas ahora en rectificaciones o agregados al proyecto en tratamiento, que seguirá en deliberación, consulta y adecuación antes de ser despachado para su sanción definitiva.

Álvaro García Resta es el Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad que encabeza el equipo de funcionarios abocados a esta tarea conjunta con el Poder Legislativo. Envió a la comisión parlamentaria a varios de sus funcionarios para explicar los últimos cambios o correcciones. Entre otros, intervinieron los directores de Interpretación Urbanística, Sandra Tuya, y de Patrimonio Urbano, Emiliano Cruz Michelena.

Se insistió que lo que se busca es “una normativa más precisa, que aporte mayores certidumbres en la aplicación técnica” de los preceptos legales y, a la vez, generar “mayor competitividad y transparencia”.

Más especificaciones, simplificación de trámites, incorporación de definiciones para la comprensión y aplicación del CU, así como unificación de terminología y de conceptos con los códigos de Edificación y de Habilitaciones, son algunas de las premisas planteadas por quienes trabajan en la nueva ley.

Por ejemplo, habrá precisiones del léxico urbano ambiental (donde se usan expresiones nuevas como techo verde, parque ecológico, cubierta nativa, patio vertical, parche urbano); un único nomenclador de cuadro de usos; explicación de nueva terminología logística, etcétera.

Justicia trató un proyecto que procura acotar el uso de imágenes para reconocimientos de personas.

La comisión de Justicia, presidida por Martín Ocampo (UCR), trató un expediente que ya había obtenido dictamen en la comisión de Seguridad, que conduce Claudio Cingolani (Vamos Juntos). Se trata del proyecto de ley del Frente de Todos que procura legislar mayores controles y garantías ciudadanas frente al sistema de video vigilancia, especialmente en lo referido al reconocimiento facial de personas.

La iniciativa es de autoría de Claudia Neira, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Roberto (Frente de Todos). Neira dijo en la comisión de Justicia que “esta ley requiere un consenso amplio y democrático”, por lo que fundamentó el pedido de su bloque de girar el proyecto también a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, a cargo de la diputada Montenegro.

La intención es convocar a organizaciones civiles para que opinen sobre la iniciativa referida al control de los procedimientos y el manejo de las imágenes de video vigilancia.

Cingolani resaltó que el monitoreo de personas o prófugos funciona a solicitud de la Justicia y destacó que la Ciudad tiene su propio sistema de video vigilancia, reconocido como de alta calidad. Ocampo apuntó que la propia ley del Sistema Integral de Seguridad Pública ya tiene todo un capítulo regulatorio de la video vigilancia, “aunque igualmente es interesante escuchar las opiniones de la sociedad civil”.