Mediante una ley aprobada en primera lectura se autorizó el uso de once predios de la Ciudad de Buenos Aires como playas para la remisión de vehículos en infracción. Habrá Audiencia Pública.

El asunto tuvo preferencia con despacho de las comisiones de Tránsito y Transporte que preside la diputada Cristina García (Vamos Juntos) y de Planeamiento Urbano que encabeza Victoria Roldán Méndez (VJ). Sobre las bancas hubo una propuesta de mayoría basada en el proyecto de ley que elevara el Jefe de Gobierno,Horacio Rodríguez Larreta; y dosen minoría, de Unidad Ciudadana y otro por parte de GEN.

Cristina García (Vamos Juntos)

La miembro informante, diputada García (VJ) refirió a las virtudes y beneficios del sistema. Apuntó al rol de los predios y al tipo de uso como “herramientas necesarias”, aclaró que “las mejoras quedarán para el Gobierno de la Ciudad” y que “todos los ingresos son patrimonio de la Ciudad”. En similar sentido intervinieron sus pares Diego García de García Vilas Maximiliano Ferraro quien expresó: “estamos ante una ley aclaratoria que reviste como concesión de servicio público, no es un acto de posesión de dominio público” e instó a “no confundir utilidad pública con dominio público. No se establecen derechos sobre bienes de la Ciudad y hemos limitado hasta 5 años el uso”.

Marcelo Guouman(Evolución) sostuvo que “las modificaciones no logran superar los vicios de inconstitucionalidad” por lo que adelantó su postura negativa. Así también se manifestó Roy Cortina (Partido Socialista) quien criticó “el perfil netamente recaudatorio del proyecto del gobierno” y afirmó que “se desconoce que al menos dos de las playas de acarreo estarán en zona de Urbanización Parque y se eliminan requisitos a las empresas”, por otra parte, “se pagarán 500 millones de pesos para la adquisición de las terminales”.

La legisladora María Rosa Muiños (Bloque Peronista) recordó: “28 años hace que estas dos empresas brindan un servicio deficiente y hoy estamos ante la sexta ley sobre el estacionamiento en la Ciudad”, aludió a los motivos de las sanciones y a “las inconsistencias en el mapa de tarifas sobre 195 calles”. En otro tramo de su intervención criticó que “la Comisión evaluadora de ofertas esté integrada por tres legisladores del oficialismo” y en relación a “la falta de información por parte del Ejecutivo” sostuvo que “encubre la realidad, las empresas pagan un canon mensual de 55 mil pesos y el Gobierno de la Ciudad aporta 214 agentes de tránsito y a cada uno de ellos hasta 19.500 por sus remuneraciones y las dos empresas realizan 14.100 acarreos mensuales y se quedan con todas las ganancias”; concluyó advirtiendo que “este marco podría volver a sufrir un amparo”.

Marcelo Depierro (MC) se refirió a “los errores reiterados del Ejecutivo” y que el proyecto “no da respuesta a las dudas y planteos de los vecinos y muchos diputados”. Recomendó “no dar las playas, que las compren” y sostuvo que “no se subsanan los fundamentos del fallo judicial, no puede ser que votemos leyes que de antemano sabemos se judicializarán, pasó un año y no aprendimos, no modificamos en nada los defectos de origen”.

A su turno, el diputado Gabriel Solano (Frente de Izquierda y los Trabajadores) autor de una observación, calificó el asunto como “gran curro ilegal e inconstitucional” y una “irresponsabilidad de un gobierno en crisis”. Explicó que “se incrementa del 0,7 al 36%, de 4.000 a 80 mil plazas con efecto recaudatorio cuando hace 36 horas atrás las multas aumentaron un 37%, a precio dólar”. También Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) argumentó en contra por “el carácter privatista y confiscatorio que tiene el proyecto” y en idéntico sentido lo hizo Myriam Bregman (Partido de los Trabajadores por el Socialismo-Frente de Izquierda).

En tanto, el bloque Unidad Ciudadana a través de la diputada Lorena Pokoik y su par Javier Andrade, planteó un texto alternativo fundamentando que “los poderes ejecutivos y legislativos han intentado y fracasado en terminar con una concesión vencida que mantiene como rehén al sistema de estacionamiento regulado y grúas y no resuelve los problemas de tránsito” y que “se han buscado distintas estrategias para lograr finalizar las concesiones y poner en funcionamiento un nuevo sistema de estacionamiento regulado, pero lo único que se ha logrado es que las concesiones continúen prestando un servicio deficiente y poniendo al Poder Ejecutivo como incumplidor de la leyes que le exigen prestar el servicio por sí”.

La primera minoría sostuvo que el Ejecutivo “debería brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral. Asimismo, debería preverse los mecanismos necesarios para posibilitar que las personas que al 1º de enero del año 2016 se encontraban habilitadas por el Gobierno de la Ciudad, para la venta de las denominadas ‘Tarjetas azules’ de estacionamiento y realizaban esa tarea con habitualidad, puedan acceder al sistema formal de trabajo del sistema de estacionamiento medido”. Durante el debate la diputada Paula Penacca, afirmó que “la concesión viene de los años 90 con un servicio ineficiente”.

Por su parte, el diputado Sergio Abrevaya (GEN), firmante de un despacho de minoría proponiendo el archivo del expediente, manifestó que “más del 40% de la Ciudad está con parquímetros y el 100% con grúas” y cuestionó “la política pública por la que se pasará de 4 mil a 80 mil lugares de estacionamiento medido”. Criticó aspectos formales como que no se aplica la condición de mayoría especial de 40 votos para la aprobación. “La modalidad de estacionamiento pago en espacios de estacionamiento medido es sólo aplicable a las centralidades barriales y al micro y al macrocentro y no registra razonabilidad en los barrios donde la demanda del estacionamiento transitorio es muy baja”, explicó, y a continuación aseguró que la propuesta de mayoría “lejos de aclarar y /o remediarinsiste con los mismos postulados de la norma anterior en cuestión, solo modificando el procedimiento de doble lectura, asumiendo la veracidad y certeza de los términos de la inconstitucionalidad”.

Sobre 59 legisladores sentados en las bancas, finalmente la votación en general resultó de 34 voluntades afirmativas (VJ) y 25 negativas (GEN, UC, MC, Evolución, PTS-FI, PS, AyL, BP y FIT).